El juicio en La Haya y la obsolescencia de nuestras relaciones exteriores

  Ad portas del fallo del Tribunal de la Haya, se ha hecho recurrente palabras como respeto a las instituciones internacionales y al derecho que asiste a “otros” de juzgar, en este caso, de un diferendo entre dos estados. Sin abordar el tema jurídico, el tema político paralelo de los dos países ha demostrado que la política exterior de Chile sigue siendo un aspecto manejado entre cuatro paredes y por grupos de poder de todos los espectros políticos.
  Desde el manejo de nuestra “imagen país” que resalta y promueve un Chile que para muchos es y será una utopía (aunque dicha utopía sea una realidad para un sector minoritario de nuestra población), hasta sitios webs como www.thisischile.com o www.imagendechile.cl, que revelan que la participación de la ciudadanía en la exteriorización de nuestra concepción de nación, se reduce a meros espectadores de lo que la élite política cree que es nuestra idea de la misma. Pero esto es más de lo mismo, del mismo secretismo con que se manejan las relaciones internacionales, del mismo secretismo con que nuestro país “vende” su imagen de prosperidad. Antes era la de “los jaguares de Latinoamérica”, hoy de respetuosos del Derecho Internacional, salvo obviamente durante la detención del dictador Pinochet, en donde la soberanía nacional primaba por sobre todo tipo de delito de carácter extraterritorial.
  Pero veamos nuestra contraparte en el litigio ventilado en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Perú con una política exterior sólida, no sólo logró que entráramos en un litigio que ningún experto en la materia logró prever, sino que también ha logrado instalar una sensación de triunfalismo en su población mediante el uso continuo de los medios de comunicación, incorporando a la gente en la idea de que es una causa justa, ajustada a derecho y a los intereses patrios. En Chile, sin embargo, prima la encapsulación del tema en el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Presidente de la República. En el Perú es común que todos los días diferentes personeros de la vida política le recuerden a la ciudadanía lo importante del juicio contra Chile, de su contenido, de las consecuencias positivas de corto y largo plazo que traerá a su país. Sin embargo, en nuestro país, con suerte voces aisladas plantean únicamente posiciones que se enmarcan en escenarios poco favorables para los intereses nacionales.
  Por otro lado, el gobierno de Ollanta Humala, en muy poco tiempo ha logrado posicionar en su país una política de alianzas internacionales estratégicas que alcanzan al propio Reino Unido, aliado, supuestamente, natural de Chile. Igual situación con Ecuador. Alianzas de tipo militar con empresas francesas, inglesas, rusas, coreanas, españolas, etc. Lo cual va acorde con el acelerado rearme de las ramas de las Fuerzas Armadas peruanas, las cuales en un muy reducido tiempo, lograron crear y proyectar un aparato industrial militar considerable, si tomamos en cuenta que varios de los acuerdos suscritos por el país del norte contemplan la coproducción de equipo militar naval, aéreo y terrestre en su propio territorio. Esto ha sido profusamente informado por sus medios de comunicación no como una manifestación belicista, sino como una expresión más de la apertura del Perú en el concierto internacional, y de la capacidad técnica e industrial de su país la cual les permite lograr estos tipos de acuerdos. En Chile, la transparencia militar brilla por su ausencia, y para qué hablar de exponer las compras militares en los medios de comunicación masivos, sería una herejía digna de quema en plaza pública.
  Pero todo esto no debe ser visto como hechos aislados, sino como la expresión en su conjunto de una continua política de secretismo basada en el actuar de expertos, los mismos que en política interna dejaron la salud y la educación por los suelos, y al país aislado internacionalmente a nivel regional. Demandados por dos de nuestros vecinos y con un tercero a la espera de los pasos a seguir por Campos de Hielo.
  Algo no está bien en la Cancillería chilena, ni en el Poder Ejecutivo, particularmente en el Presidente de la República, que es en quien recaen las relaciones internacionales. Algo no está bien en la ciudadanía que no exige información de políticas que afectan a todas luces nuestra soberanía, y algo no estará bien el 27 de enero cuando el fallo se dé a conocer. De seguro conoceremos detalles de los cuales no estuvimos informados anteriormente, pero las reformas en estas materias deben ser profundas, y no meras excusas para que técnicos y expertos se sigan arrogando hasta el más mínimo derecho que al final termina en lo de siempre, el de privatizar éxitos y sociabilizar fracasos.

04 de enero de 2014

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